El debate en torno a la reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sigue sumando importantes voces. En esta ocasión, replicamos el artículo publicado recientemente por El Mostrador, que informa sobre la declaración firmada por 23 Premios Nacionales de diversas disciplinas. A través de este documento, advierten sobre el retroceso que esta iniciativa gubernamental significaría para la fiscalización y protección de los Derechos Humanos en Chile.
El comunicado sostiene que la iniciativa “pone en peligro condiciones básicas para su operación” y apuntan directamente a tres ámbitos: la autonomía e independencia del organismo, la participación de la sociedad civil en la designación de sus consejeros y sus actuales atribuciones de protección.
Un grupo de 23 premios nacionales hizo un llamado a la “conciencia nacional” frente al proyecto de ley impulsado por el Gobierno para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), advirtiendo que los cambios propuestos podrían afectar condiciones básicas para el funcionamiento de la institución conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
En el comunicado los firmantes sostienen que la iniciativa “pone en peligro condiciones básicas para su operación” y apuntan directamente a tres ámbitos: la autonomía e independencia del organismo, la participación de la sociedad civil en la designación de sus consejeros y sus actuales atribuciones de protección.
Según plantean, el proyecto afecta la “autonomía e independencia de los poderes que debe fiscalizar”, al tiempo que restringe el pluralismo del organismo al “excluir a la sociedad civil de la designación directa de consejeros”. A ello se suma, denuncian, la eliminación de una de sus principales herramientas de protección como la posibilidad de presentar querellas.
La declaración también cuestiona la dimensión territorial de la reforma, sostienen que la iniciativa manifiesta un “desprecio por las problemáticas regionales en materia de Derechos Humanos”, al establecer expresamente que no se considerará el domicilio de las sedes regionales.
“Luego de haberse logrado exitosamente la instalación en todo el territorio nacional, este gobierno decidió que es hora de retroceder y que el INDH opere sólo desde una sede en la ciudad de Santiago”, advierten.
Los firmantes recuerdan que el INDH surgió a partir de acuerdos políticos transversales posteriores al término de la dictadura, de las recomendaciones del Informe Verdad y Reconciliación y de décadas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Tras 16 años de funcionamiento, agregan, el organismo es reconocido en distintas regiones por su labor de promoción y protección de personas y colectivos cuyos derechos han sido vulnerados o que no encuentran respuesta en el Estado.
El cuestionamiento apunta también al proceso que antecedió a la reforma, ya que durante 2025 el INDH fue sometido a un análisis de una comisión asesora presidencial para su fortalecimiento, instancia que formuló “más de 40 recomendaciones”. Sin embargo, sostienen que el proyecto recoge “muy poco” de ese trabajo y que hace “caso omiso a un trabajo riguroso y transversal”.
“El proyecto vulnera gravemente las garantías democráticas para la población y el rol fiscalizador que debe tener una institución nacional de derechos humanos en un Estado de derecho”, señalan.
Finalmente, el texto convoca a la ciudadanía a defender “su derecho a tener una institución que la proteja efectivamente” y al Congreso a considerar los lineamientos elaborados por la Comisión de Fortalecimiento del INDH durante la tramitación de la iniciativa.
Entre los firmantes destacan:
Alicia Lira Matus (Derechos Humanos, 2026),
Cecilia Hidalgo (Ciencias Naturales, 2006),
Claudio González (Derechos Humanos, 2024),
María Olivia Mönckeberg (Periodismo, 2009),
Sergio Campos (Periodismo, 2011),
Sonia Montecino (Humanidades y Ciencias Sociales, 2013),
Elicura Chihuailaf (Literatura, 2020),
Elizabeth Andrade (Derechos Humanos, 2022),
Diamela Eltit (Literatura, 2018),
Rafael Sagredo (Historia, 2022),
Ramón Díaz Eterovic (Literatura, 2025),
Mónica González (Periodismo, 2019),
Marco Antonio Garretón (Humanidades y Ciencias Sociales, 2007),
Miguel Kiwi (Ciencias Exactas, 2007),
Delia Vergara (Periodismo, 2025),
Faride Zerán (Periodismo, 2007),
Julio Pinto (Historia, 2016),
Ramón Grifero (Artes de la Representación y Audiovisuales, 2019),
Gustavo Meza (Artes de la Representación y Audiovisuales, 2007),
Juan Casassus (Ciencias de la Educación, 2025),
Elizabeth Lira (Humanidades y Ciencias Sociales, 2017),
Cristián Castillo (Arquitectura, 2024) y
Tomás Moulian (Humanidades y Ciencias Sociales, 2015).
Continuando con el seguimiento a las alertas levantadas por la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos frente al proyecto de reforma al INDH, en FASIC compartimos la siguiente columna de opinión. El texto, escrito por los exconsejeros del organismo Margarita Romero Méndez, José Aylwin y Lorena Fries Monleón, advierte sobre la grave pérdida de autonomía, el debilitamiento de las facultades judiciales y el desmantelamiento de las sedes regionales que implicaría esta iniciativa.
A continuación, reproducimos este importante análisis:
Este proyecto, al igual que otras de las iniciativas de reforma legal presentadas por la administración del presidente Kast da cuenta, si no del desconocimiento, al menos de la desvaloración de la centralidad que los derechos humanos tienen para la construcción de una convivencia democrática.
El gobierno del presidente Kast ingresó esta semana a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley para la reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que le priva de muchas de las herramientas fundamentales con las que este cuenta para la promoción, protección y defensa de estos derechos.
Argumentando la necesidad de su modernización, el proyecto restringe severamente sus potestades en materia judicial, limita la participación de la sociedad civil en su conducción, dejándola en la práctica en la determinación del Presidente de la República y del Congreso Nacional y, además, reduce drásticamente sus equipos y no contempla la presencia en regiones.
En efecto, el proyecto de reforma elimina la facultad del INDH de deducir acciones penales limitando esta función propia de las instituciones nacionales de derechos humanos a la denuncia de hechos que pudieren ser constitutivos de delito -impidiéndole, en tal sentido, ser parte activa en procesos de esta naturaleza- a presentar recursos de protección con acuerdo previo del Consejo, y recursos de amparo, como potestad exclusiva del Director Ejecutivo. De esta manera, y tal como lo señala el mensaje del proyecto, se reafirma “su carácter principalmente consultivo y técnico”, despojándolo de una de sus herramientas más importantes para la protección de derechos humanos, como las que el INDH ha venido ejerciendo hasta ahora, en particular en el contexto de su vulneración por los órganos o agentes del Estado.
El proyecto reemplaza el actual Consejo compuesto por once integrantes, cinco de ellos electos por sociedad civil y la academia, por un Consejo compuesto de cinco integrantes, dos de ellos nombrados por el Senado, a propuesta del Presidente de la República, con un quórum de 4/7 de los senadores en ejercicio, a partir de una nómina de seis candidatos de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos que se encuentren registradas; dos nombrados por la Cámara de Diputadas y Diputados, a propuesta de la comisión dedicada a los derechos humanos, por el mismo quórum anterior, y uno por los decanos de las Escuelas o Facultades de Derecho, en la forma que determinen sus estatutos.
Aunque el mensaje señale que habrá “una mayoría de integrantes provenientes de la sociedad civil”, a diferencia de la forma de elección del Consejo actual del INDH, ningún integrante del Consejo propuesto será electo directamente por las organizaciones del Registro del INDH, sino que cuatro de cinco dependerán del Ejecutivo y del Congreso Nacional. De la mayor gravedad son las disposiciones transitorias del proyecto que facultan al Presidente de la República, a la entrada en vigencia de la ley, para proponer al Senado para su aprobación por simple mayoría una nómina con los cinco primeros integrantes del Consejo, una vez que entre en vigencia la ley, excluyendo a la sociedad civil ni de la academia.
A este Consejo, que tendrá una vigencia de dos años, corresponderá la elaboración de los estatutos de la institución, ajustando su estructura y funcionamiento a lo que decidan quienes serán nominados por el Presidente de la República. Estas disposiciones son claramente contrarias a los Principios de París, los cuales exigen que el procedimiento de nombramiento de los órganos de conducción de las instituciones nacionales de derechos humanos asegure independencia y pluralismo, de modo de garantizar su autonomía.
Finalmente, en materia de organización territorial, el proyecto mantiene el domicilio en la ciudad de Santiago , señalando en su informe financiero que “no contempla el domicilio de sedes regionales”.
En la práctica, el proyecto abre las puertas al desmantelamiento de las sedes regionales con que hoy cuenta el INDH, las que han sido fundamentales para visibilizar la situación de derechos humanos existente en regiones, proteger a las víctimas de las violaciones a estos derechos allí ocurridas provenientes no tan solo por el actuar de los órganos del Estado, y promocionar el respeto de estos derechos a lo largo del país. La alternativa propuesta por la reforma, en este sentido, va en contra de todos los esfuerzos por descentralizar la acción del Estado y sus órganos, aún los autónomos, como el INDH, para hacer posible un país territorialmente más equitativo. ¿Por qué desmantelar la presencia regional?
Las propuestas de reforma contenidas en este proyecto contrastan abiertamente con las recomendaciones de la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del INDH antes referida, de composición plural, la que expresamente propuso robustecer la capacidad de acción judicial del INDH, fortalecer sus sedes regionales y considerar en su Consejo una mayoría de representantes de organizaciones de derechos humanos y de la academia, con criterios de representatividad, paridad y pluralismo.
En contraste con la valoración que se hace en el mensaje presidencial del derecho internacional de los derechos humanos, este proyecto, al igual que otras de las iniciativas de reforma legal presentadas por la administración del presidente Kast da cuenta, si no del desconocimiento, al menos de la desvaloración de la centralidad que los derechos humanos tienen para la construcción de una convivencia democrática basada en la inclusión y en la justicia.
Por lo anterior, consideramos inaceptable este proyecto de reforma presentado por el ejecutivo y es que en nuestra calidad de exconsejeros y consejeras del INDH instamos al Congreso Nacional a rechazar esta iniciativa.
Sin negarnos a la posibilidad de revisar la legislación que dio vida al INDH, proponemos que dicha revisión tenga como base las recomendaciones emanadas de la Comisión Asesora para su Fortalecimiento de composición plural. Proponemos además que en el debate de cualquier iniciativa legal sobre la materia se considere la participación de las organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Esta columna también es firmada por los exconsejeros del INDH Claudio González, Debbie Guerra, Salvador Millaleo, Enrique Núñez y Francisco Ugás.
Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados: La respuesta ecuménica y humanitaria a la represión.
La respuesta ecuménica y humanitaria a la represión.
Al producirse el golpe civil militar el martes 11 de septiembre de 1973 y frente a la represión desatada, los organismos internacionales en Chile, coordinados por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, don Enrique Iglesias, conjuntamente con Margaret Anstee, representante del UNDP, y Oldrich Haselman, de ACNUR, realizan gestiones ante las autoridades de la dictadura para hacer respetar a las personas refugiadas y extranjeras de acuerdo a los Tratados y Convenios Internacionales.
Paralelamente, se conversa con el obispo Helmut Frenz, de la Iglesia Luterana, para conformar un organismo que se preocupara de proteger la vida de estas personas. La Junta Militar autoriza la creación de este comité ecuménico, el cual comienza a funcionar el 24 de septiembre —a solo trece días del Golpe— y es dirigido por las iglesias protestantes y evangélicas, con el apoyo de organismos como ACNUR, CIME, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Aunque parezca extraño, el decreto de autorización tiene fecha del 3 de octubre de 1973.
El comité ejecutivo contó con la participación y respuesta de las iglesias Metodista, Luterana, Ortodoxa de Antioquía, Católica, Bautista, Pentecostal y de UNELAM.
Las oficinas del CONAR funcionaron a lo largo del país, especialmente a través de las iglesias y sus organizaciones. Se crearon casas refugio para acoger a personas extranjeras en riesgo y a sus familias; la primera de ellas comenzó a funcionar el 26 de septiembre en Padre Hurtado. El 22 de octubre se abre un nuevo refugio en la Casa San Francisco Javier, bajo la protección de la bandera suiza, para recibir a los refugiados que habían sido detenidos y se encontraban en el Estadio Nacional. En total, funcionaron diez refugios en el país, y a fines de marzo de 1974 habían acogido en ellos a 2.985 personas.
Por otra parte, el Comité entregó alimentación a 12 embajadas que habían recibido en sus sedes a personas en calidad de asilados.
A febrero de 1974, el CONAR había atendido a 4.442 personas, de las cuales 3.870 viajaron fuera del país en un total de 266 vuelos. Estas cifras estadísticas nos muestran parte del trabajo realizado por este esfuerzo ecuménico.
Este carácter ecuménico no fue solo organizativo, sino también político, moral y pastoral: las iglesias se constituyeron como garantes de legitimidad ética con un objetivo principal humanitario común: proteger la vida de los extranjeros refugiados en Chile.
Desde esta iniciativa (el CONAR, también llamado Comité Uno), nace en 1975 FASIC, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
A cincuenta y tres años de su creación, en medio de un clima oscuro de muerte y terror, debemos conmemorar lo realizado en la protección de la vida y la dignidad.
La eficiencia del CONAR radicó en su capacidad técnica y en un directorio que logró que aquel “Acuerdo de Velocidad Récord” con las autoridades del momento se tradujera en vidas salvadas y no en deportaciones sumarias.
La secretaría ejecutiva tuvo como encargados a Samuel Nalegach y al pastor Augusto Fernández Arlt.
Claudio González Urbina
Antofagasta, 23 de septiembre de 2026.
Les invitamos a leer y descargar aquí:
La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) informa que a contar del 03 de agosto de 2026 se inicia el proceso de cambio en la Secretaría Ejecutiva de nuestra institución, la que ocurre tras 51 años de conducción a cargo de don Claudio González Urbina.
Durante más de cinco décadas, don Claudio González Urbina lideró FASIC con una vocación de servicio ininterrumpida, manteniendo siempre vigente el llamado fundacional de la institución: la defensa y promoción de los derechos humanos desde una perspectiva ecuménica. Su gestión estuvo marcada por el acompañamiento constante a las víctimas de la dictadura civil militar, dando visibilidad nacional e internacional a su causa y consolidando a FASIC como un referente ético y humanitario en Chile. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos, su trayectoria constituye un legado que ha marcado la historia de nuestra institución y del movimiento de derechos humanos en el país. FASIC expresa su más profundo reconocimiento y gratitud por su entrega, integridad y liderazgo a lo largo de estos 51 años de servicio tras su renuncia voluntaria.
Asume como nuevo Secretario Ejecutivo don Daniel Godoy Fernández, Doctor en Ciencias de la Religión, profesor de teología, pastor presbiteriano con una destacada trayectoria académica, defensor y promotor de los derechos humanos y una vasta experiencia pastoral. Su incorporación busca dar continuidad a la misión histórica de FASIC, proyectando su compromiso ecuménico con los derechos humanos hacia los desafíos del presente, en diálogo con las nuevas generaciones y con las comunidades de fe e instituciones que han acompañado a la Fundación a lo largo de su historia.
FASIC reafirma en este proceso de transición su compromiso permanente con la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la dignidad humana, valores que han inspirado su quehacer institucional desde su fundación hace más de 50 años, y que continuarán guiando su labor en esta nueva etapa.
Obispo (e) Neftalí Aravena B.
Presidente del Directorio de FASIC
Hoy, desde la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), rendimos un sentido homenaje a nuestra querida Florrie Snow, fallecida el 20 de agosto de 2026 en Santiago. Canadiense de origen y chilena de corazón, dedicó su vida y fe a la defensa inclaudicable de los Derechos Humanos.
Tenemos, en nuestra vida, la posibilidad de conocer y convivir con personas que, como dice el poeta, trascienden el tiempo, las fronteras, los abismos y comparten su vida, experiencia y testimonio como una bendición. Hoy rendimos homenaje y reconocimiento, con gratitud y esperanza en la resurrección, a nuestra querida Florrie Snow.
Era, y lo seguirá siendo, canadiense de origen. Hizo de Chile —país de contrastes profundos— su hogar. Fue su país para vivir por largos años, el lugar de su compromiso cristiano y de las luchas en un período álgido de nuestra historia. Llegó a esta tierra y se quedó; armó casa, familia y amistades. Tejió redes de solidaridad profunda, especialmente en los tiempos en que la violencia y la persecución acechaban al país. Se dedicó a la docencia, conversó con la historia e invitó a leerla desde los invisibilizados, legándonos un abordaje académico con un profundo sentido histórico, pastoral y testimonial.
Como miembro de la Iglesia Metodista, comprendió que la fe cristiana no podía permanecer indiferente frente al sufrimiento humano. Su compromiso con el Evangelio se expresó en una presencia activa en la sociedad y, particularmente, en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Fue asidua colaboradora y, por cuarenta y tres años, integró el Directorio de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), institución con la que mantuvo un vínculo profundo y permanente. Esta causa llenaba su espíritu y su trabajo fue incansable, a pesar de las dificultades y peligros que ello conllevaba. Con Florrie nos encontramos en tantas causas y momentos significativos, que la amistad, el respeto y el compromiso se nutrían y fortalecían en cada ocasión.
Testimoniamos que en los años más oscuros de muerte y violencia de nuestra historia, Florrie estuvo junto a quienes sufrían la persecución política. Participó en comisiones, foros y seminarios; acompañó iniciativas de solidaridad y, con una valentía que muchas veces implicó arriesgar su propia seguridad, apoyó a personas perseguidas por la dictadura militar. Estuvo cerca de quienes fueron detenidos, torturados y obligados al exilio. No contempló el dolor desde la distancia: se comprometió con quienes lo padecían.
El exilio lo vivió con su familia, como lo vivieron cientos de chilenos y chilenas. Cuando fue posible, regresó para continuar la tarea que nunca abandonó: oír, encontrar, acompañar, acoger, promover y defender.
FASIC fue el espacio desde donde siguió desarrollando este compromiso. Entendía que la defensa de la dignidad no termina con la denuncia de la injusticia; implica acogida, acompañamiento, reparación, memoria y la búsqueda incesante de verdad y justicia.
Para Florrie, la defensa de los derechos humanos no era una causa del pasado, sino una responsabilidad permanente frente a la construcción de sociedades verdaderamente justas, basadas en el derecho, la verdad, la democracia y el respeto irrestricto de la dignidad humana. Sabía que una sociedad no es justa mientras existan historias sin reconocimiento o dolores que no encuentren cauce hacia la sanación.
En ella convivieron la mujer de fe, la profesora, la investigadora, la madre, la abuela, la amiga y la incansable animadora de causas sociales. Todas esas dimensiones estuvieron atravesadas por una misma convicción: la vida humana merece ser defendida y acompañada, especialmente cuando se encuentra amenazada.
Su condición de extranjera hizo todavía más significativo su compromiso. Hizo suyos los dolores de este país y entregó buena parte de su vida a acompañar a quienes necesitaban protección. Florrie fue perseverante, de profundas convicciones, de generosidad desbordante y valentía singular.
Creemos que las causas que abrazó siguen siendo necesarias. Mientras existan personas perseguidas, excluidas o discriminadas, la tarea de promover los derechos humanos seguirá siendo un deber urgente e irrenunciable.
Gracias, Florrie, por tu vida entregada.Gracias por tu testimonio cristiano y compromiso de fe.Gracias por tu valentía.Gracias por haber estado allí cuando era necesario estar.
Tu memoria permanecerá en quienes fueron acogidos, acompañados y
defendidos, y en quienes hoy asumimos el desafío de continuar ese camino.
El histórico defensor de derechos humanos dejó la Secretaría Ejecutiva de FASIC, organización que ayudó a fundar en 1975. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile repasó la memoria, el rol de las iglesias y los desafíos actuales.
Luego de más de medio siglo vinculado a la defensa de los derechos humanos, Claudio González dejó la Secretaría Ejecutiva de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), institución desde la que acompañó a víctimas de la dictadura, familiares de detenidos desaparecidos, personas perseguidas y comunidades afectadas por distintas vulneraciones.
Su salida cierra una etapa marcada por la construcción de una de las organizaciones fundamentales en la historia de la defensa de los derechos humanos en Chile, pero también abre una reflexión sobre los desafíos que permanecen vigentes: la preservación de la memoria, el avance del negacionismo y la necesidad de seguir defendiendo derechos que, a su juicio, vuelven a estar en disputa.
Nacido en Concepción en 1936, Claudio González comenzó su trayectoria social en la Fundación Mi Casa, donde trabajó durante más de una década con niños, niñas y adolescentes. Tras el golpe de Estado de 1973 perdió ese trabajo y poco después se incorporó al Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR), una iniciativa impulsada por iglesias cristianas para proteger a personas perseguidas por la dictadura.
Desde ese espacio participó en la asistencia a refugiados y exiliados, en un contexto marcado por la persecución política, la salida forzada del país y la presión internacional sobre el régimen. En abril de 1975 fue parte del equipo que dio origen a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, organización que este año cumplió 51 años.
Durante la dictadura, González encabezó el trabajo de la fundación en la atención a perseguidos políticos, recorrió cárceles y centros de detención a lo largo del país, colaboró en procesos de salida al exilio y desarrolló su labor bajo vigilancia y amenazas. Con el retorno a la democracia continuó ligado a la búsqueda de verdad y justicia, participando en causas por violaciones a los derechos humanos y acompañando a organizaciones de víctimas. Esa trayectoria fue reconocida en 2024 con el Premio Nacional de Derechos Humanos.
FotoClaudio González, Exsecretario de FASIC y Premio Nacional de Derechos Humanos 2024.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Claudio González repasó los orígenes de FASIC, el papel que tuvieron las iglesias durante la dictadura y el aprendizaje construido junto a víctimas y organizaciones sociales. Además, abordó el avance del negacionismo, la pérdida del sentido colectivo en la sociedad, la importancia de preservar los archivos de memoria y el desafío que enfrentan hoy las organizaciones de derechos humanos.
―Usted comenzó su trabajo en ayuda a refugiados poco después del golpe de Estado. ¿Qué papel desempeñaron las iglesias en esa tarea y cómo observa su rol en la actualidad?
Hubo un compromiso muy fuerte de las iglesias en esos años. Y cuando hablamos de iglesias no nos referimos solamente a sacerdotes, pastores o religiosos, sino también a las comunidades que formaban parte de ellas. Muchos integrantes de iglesias evangélicas fueron perseguidos, especialmente en el sur del país.
Nosotros trabajamos mucho a través de iglesias evangélicas a lo largo de Chile y junto a sus pastores. Varias congregaciones sirvieron para proteger personas perseguidas, recibirlas y ayudarlas a encontrar lugares seguros. También hubo equipos que colaboraron en el traslado de personas, en su ingreso a embajadas o en distintas formas de protección, muchas veces incluso sin que los propios embajadores conocieran todos los detalles de esas acciones.
Fue una labor profundamente comprometida. Muchas personas pagaron con su vida ese trabajo y otras fueron detenidas por ayudar a quienes eran perseguidos por la dictadura.
Con el retorno a la democracia, muchas personas que habían participado de esa militancia en derechos humanos comenzaron a involucrarse en los partidos políticos y en el proceso institucional de la transición. Poco a poco, las iglesias también fueron replegándose hacia su vida interna.
FotoFamiliares de detenidos y ejecutados políticos.
En general, dejaron de asumir como parte de su labor pastoral el trabajo directo con la pobreza, la persecución y la desigualdad, como había ocurrido durante la dictadura. Hubo excepciones, pero muchas comunidades volvieron a una forma más tradicional de entender su misión.
―Usted mencionaba la pérdida del sentido colectivo que existía durante esos años. ¿Cómo observa hoy el avance del individualismo y del negacionismo en la sociedad chilena?
Creo que el golpe de Estado tuvo como uno de sus primeros objetivos desarticular a los dirigentes sociales. Fue un golpe dirigido hacia quienes formaban parte de las organizaciones y redes que sostenían la vida colectiva del país.
Pero posteriormente, con la instalación de un nuevo modelo económico y social, también se fue debilitando la base de ese tejido colectivo que se había construido. La sociedad comenzó a perder espacios donde las personas se sentían parte de un proyecto común, con representación en sindicatos, colegios profesionales, mutuales y otras organizaciones que fueron prohibidas durante la dictadura.
Eso fue generando una lógica distinta. La persona que antes era parte de una red social y de una comunidad comenzó a pensarse principalmente desde su bienestar individual. Se fue transformando al ciudadano en consumidor.
Esa pérdida del sentido colectivo también tiene consecuencias en la manera en que enfrentamos los problemas actuales. La inseguridad, por ejemplo, muchas veces deja de verse como una preocupación de la sociedad en su conjunto y pasa a sentirse como una amenaza individual. Recuperar esa dimensión colectiva será un proceso largo, porque es una cultura que debe reconstruirse desde las nuevas generaciones.
FotoBombardeo a La Moneda.
Respecto del negacionismo, creo que al comienzo hubo personas que creyeron el discurso de la dictadura y las versiones que se instalaban sobre quienes eran perseguidos. Sin embargo, con el tiempo muchos fueron conociendo la realidad: la existencia de prisioneros políticos, personas torturadas, asesinadas y detenidas desaparecidas.
Pero hubo otros sectores que no quisieron aceptar esa realidad y que mantienen hasta hoy esa postura.
Esto no es algo nuevo. Cuando integré el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos compartí con Miguel Luis Amunátegui, uno de los fundadores del Partido Nacional, quien también fue integrante de la Comisión Valech. Él me contó cómo, por haber participado en esa comisión, recibió cuestionamientos dentro de su propio sector político. Hubo personas que dejaron de saludarlo y que no aceptaban que se reconociera lo ocurrido durante la dictadura.
Entonces, ya no estamos solamente frente a un desconocimiento de los hechos. Existe una decisión de ciertos sectores de no aceptar una realidad que está documentada.
También están quienes plantean que ha pasado demasiado tiempo y que estos temas deberían quedar atrás. Pero para las familias de quienes fueron asesinados, torturados o hechos desaparecer, esa historia sigue presente.
FotoPersonas sosteniendo carteles con los rostros de detenidas y detenidos desaparecidos en Chile.
Cuando hablamos de reparación, no estamos hablando de dinero. La pérdida de un familiar en esas circunstancias no puede repararse económicamente. La reparación pasa por reconocer quiénes fueron esas personas, sus historias, sus proyectos de vida y la dignidad que tuvieron.
Y existen sectores más extremos que buscan retroceder en el trabajo construido durante décadas en materia de derechos humanos. El problema no es solo negar lo ocurrido, sino intentar eliminar o poner obstáculos a todo lo que se ha construido en torno a la memoria, la verdad y la reparación.
Porque al negar esos hechos también se intenta impedir que la sociedad conozca su propia historia y que existan condiciones para que situaciones como esas no vuelvan a repetirse en Chile.
―Después de más de cinco décadas de trabajo, ¿Cuáles cree que son hoy los principales desafíos para las organizaciones de derechos humanos?
Todavía estamos reflexionando sobre cuál debe ser el papel de las organizaciones de derechos humanos en esta nueva etapa. Durante mucho tiempo pensamos que, terminada la dictadura, la tarea sería seguir conquistando derechos y avanzando en esa dirección. Pero parece que hoy vamos a tener que esperar más tiempo y volver a poner mucho esfuerzo en defender derechos que están siendo cuestionados.
Los derechos humanos no se reducen solamente al derecho a la vida, a no ser torturado o a no ser encarcelado. También incluyen el derecho al trabajo, a una remuneración justa, a estudiar, a tener salud y a vivir dignamente.
Siempre he dicho que la Declaración Universal de Derechos Humanos es como un programa de vida, porque aborda todos los aspectos de la existencia de las personas. Incluso hay derechos que parecen menores, pero que también forman parte de esa declaración, como el derecho a tener vacaciones periódicas pagadas.
Lo menciono porque muchas veces no se entiende que todos esos aspectos forman parte de los derechos humanos. El derecho al trabajo, a una remuneración justa, a la salud o a una vida digna también están en juego.
FotoCoordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. Foto: Exequiel Muñoz.
Por eso, las organizaciones de derechos humanos no solo tienen que seguir impulsando nuevos avances, sino también defender aquello que se ha conquistado y que hoy vuelve a estar en discusión.
También debemos preguntarnos cómo hacemos para que las personas comprendan que no se puede atentar contra sus derechos ni aceptar proyectos que afecten la dignidad de otros.
Hoy existen señales más preocupantes, con visiones que parecen buscar retroceder, volver a relaciones donde las personas sean vistas como subordinadas y no como integrantes de una sociedad que construye colectivamente.
A esto se suma el avance del fundamentalismo y del negacionismo, fenómenos que no ocurren solamente en Chile, sino también en distintos países de América Latina. Hemos visto cómo estas corrientes se mezclan con determinados discursos políticos y religiosos para instalar miradas que amenazan derechos que parecían asegurados.
Todavía nos queda fuerza. No podemos renunciar. Al contrario, lo que hemos vivido durante tantos años tiene que darnos más impulso para seguir trabajando por una sociedad más justa y evitar que se repitan hechos que ya conocemos.
―En esta tarea de preservar la memoria, ¿Qué importancia tiene transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido durante la dictadura y qué papel cumplen instituciones como FASIC?
Creo que fueron las mujeres quienes tuvieron que asumir en gran medida la defensa de sus esposos, hijos y padres. Aquellas personas que en ese momento eran consideradas como el “sexo débil” tuvieron que hacerse fuertes: recorrer cuarteles, buscar información, enfrentar al Estado y comenzar una lucha por la verdad y la justicia.
Fueron ellas quienes dieron sentido y alma a los organismos de derechos humanos. Fueron fundamentales en espacios como el Comité de Ayuda a los Refugiados, FASIC, el Comité de Cooperación para la Paz y posteriormente la Vicaría de la Solidaridad.
Muchas de ellas no eran académicas ni especialistas en derechos humanos, pero pusieron su vida en esta tarea. Tuvieron que aprender a enfrentar al Estado, a organizar acciones colectivas, a realizar manifestaciones y a impulsar herramientas de presión como las huelgas de hambre.FotoDictadura en Chile. Paul Plaza/Aton Chile.
La gran huelga de hambre de 1978 fue una expresión muy importante de esa lucha. Permitió visibilizar internacionalmente la búsqueda de verdad y justicia de los familiares de detenidos desaparecidos y se convirtió en un símbolo de esa resistencia.
Creo que eso deja una enseñanza muy importante: la defensa de los derechos humanos no nace solamente de grandes instituciones o de personas con formación especializada. Muchas veces surge desde personas comunes que, frente a una injusticia, deciden organizarse y actuar.
Por eso es fundamental transmitir estas historias a las nuevas generaciones. No solo para conocer lo que ocurrió durante la dictadura, sino también para comprender cómo una sociedad puede responder frente a las vulneraciones de derechos.
La memoria no está construida únicamente por documentos oficiales o grandes instituciones. También está formada por las experiencias de quienes buscaron a sus familiares, de quienes resistieron y de quienes, desde distintos lugares, decidieron acompañar esa lucha.
―El archivo de FASIC fue reconocido por la UNESCO y declarado Monumento Nacional. ¿Cómo se construyó ese archivo y por qué es importante preservarlo?
En el caso de FASIC ocurrió algo distinto a lo que sucede actualmente cuando nace una organización, que suele incorporar desde el inicio un archivo como parte de su estructura. Aquí el archivo se fue construyendo con el trabajo cotidiano de la institución.
A medida que atendíamos personas, se iban creando carpetas con una gran cantidad de documentación. Muchos antecedentes tuvimos que enviarlos a embajadas u organismos internacionales, como sentencias y otros documentos relevantes para los procesos de las personas que acompañábamos. Pero también fueron quedando registros de quienes acudían a FASIC, copias de resoluciones judiciales, testimonios y distintos elementos que permitían reconstruir sus historias.
Después tuvimos que reunir toda esa información y construir un archivo organizado, para lo cual contamos con el apoyo de personas y organizaciones vinculadas al Archivo Nacional, que ayudaron a estructurarlo y darle una forma adecuada.FotoArchivo FASIC.
A partir de ese trabajo, junto a otros archivos de organizaciones de derechos humanos, el archivo de FASIC fue incorporado al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Posteriormente también fue reconocido como Monumento Nacional en la categoría de archivo histórico.
El valor de este archivo es que contiene la vida de las personas. Permite reconstruir parte de la historia de Chile a través de cartas, documentos, testimonios y relatos de quienes sufrieron la represión. Por eso es tan importante preservarlo. Porque ahí no solamente están los antecedentes de las violaciones a los derechos humanos, sino también las experiencias, los sufrimientos y las historias de quienes estuvieron detrás de esos documentos.
Ese material entrega enseñanzas y permite comprender lo ocurrido. Es parte de una memoria que debe mantenerse viva, porque también ilumina lo que debemos hacer para que hechos como esos nunca vuelvan a repetirse.
―Después de más de 50 años de trabajo en FASIC, ¿Cómo enfrenta este proceso de dejar la organización?
Cuando me promovieron para el Premio de Derechos Humanos tuve que comenzar a mirar hacia atrás y tratar de explicar lo que habíamos hecho. Y una de las primeras cosas que dije fue que esto no es un premio para una persona.
Todo lo que hicimos no lo hice yo. Fui una persona más dentro de un equipo al que le correspondió cumplir distintas tareas. Ahí estuvieron trabajadoras sociales, abogados, psicólogos, psiquiatras, administrativos, choferes y muchas otras personas que hicieron posible este trabajo.
FotoClaudio González, Exsecretario de FASIC y Premio Nacional de Derechos Humanos 2024.
Incluso desde el portero hasta quien trasladaba personas perseguidas tuvieron un papel importante. Durante la dictadura había que actuar con mucho cuidado: proteger personas, cambiar lugares de alojamiento, trasladarlas y realizar acciones sin dejar huellas. Ese trabajo fue mucho más que una labor profesional. Fue un compromiso con una causa y, sobre todo, con las personas que estaban sufriendo.
De las iglesias aprendimos dos cosas fundamentales. Por un lado, el ecumenismo: la capacidad de trabajar juntos, sin distinguir personas, con objetivos comunes. Y por otro, algo muy importante: acompañar a las víctimas. No se trataba de tutelar a las personas ni decidir por ellas, sino de estar a su lado y permitir que fueran ellas quienes fueran construyendo su propio camino.
También fue muy importante el aprendizaje junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Durante años compartimos con familiares de víctimas, con sus propias miradas, sus propias formas de enfrentar la búsqueda de verdad y justicia. Eso también nos transformó y nos enseñó mucho.
Ahora llega el momento del relevo. Uno puede escribir muchas cosas, pero gran parte de lo importante no está escrito. Está en la experiencia acumulada: en conocer el valor que tiene cada documento, cada historia y cada testimonio para una familia y para la construcción de una sociedad.
También hay que reconocer que el cuerpo cambia con el paso de los años. La experiencia y el conocimiento permanecen, pero la agilidad física y mental comienzan a disminuir como parte natural de la vida.
Quizás estos relevos debieron haberse hecho antes, pero muchas personas no quisieron dejar este trabajo porque existía un compromiso muy grande. Muchas veces las condiciones económicas no eran las mejores, pero había una convicción y una entrega que permitían seguir adelante.
Hoy mi tarea es entregar esta experiencia a quien continúe. Porque FASIC no solo guarda documentos: guarda una historia, una memoria y una forma de acompañar a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.
Desde la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), celebramos con profundo orgullo y emoción la elección de Alicia Lira Matus como la nueva Premio Nacional de Derechos Humanos 2026.
Como actual presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y compañera histórica de nuestra institución, Alicia ha sido un pilar fundamental para el movimiento, demostrando un inquebrantable compromiso en la defensa de las personas y una incansable búsqueda de Verdad y Justicia.
La fotografía que acompaña esta publicación guarda un significado muy especial para nosotros, pre fue tomada precisamente a las afueras de la casa de FASIC, registrando su paso en uno de los tantos y valiosos encuentros de trabajo y fraternidad que hemos compartido a lo largo de los años.
Desde FASIC enviamos nuestro más fraterno abrazo a Alicia Lira Matus. Su lucha es nuestra lucha, y su reconocimiento, una luz de esperanza para seguir trabajando por los Derechos Humanos en Chile.
